Diez lecciones sobre cómo hacer que la escuela sea cada día más restaurativa

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LECCIÓN 2: HURTO Y EXTORSIÓN EN UN COLEGIO. ¿ES VIABLE UNA EDUCACIÓN SIN CASTIGOS?

MEDIDAS RESTAURATIVAS EN UNA SITUACIÓN DE TIPO III

Unos estudiantes de grado décimo se apoderaron de la billetera de un profesor, cuando este la dejó en el bolsillo del uniforme que solía utilizar en su jornada laboral. Eso no fue todo, uno de ellos llamó al docente diciéndole que sabía quien tenía la billetera, y que para obtenerla tendría que pagar cien mil pesos. Mediante algunas indagaciones realizadas por las autoridades del colegio, se pudo establecer quiénes eran los responsables de estos actos ofensivos y de carácter delictivo, a la luz del código penal. No se requería ser experto penalista, para saber que a los estudiantes se les podría responsabilizar por haber realizado hurto y hasta extorsión; claro, la tipificación de las conductas correspondía a las autoridades judiciales. En todo caso, se trataba de una de aquellas situaciones señaladas en la ley como del Tipo III, actos presuntamente delictivos.

El profesor expresó su deseo de dialogar con los estudiantes que lo habían robado, a pesar de que también habían botado la billetera, conservando solo algunos documentos. Dijo que no tenía intenciones de denunciarlos antes las autoridades judiciales. Previamente, el coordinador de la institución, dialogó con los ofensores y sus familias, en reuniones separadas. Después de algunas negaciones iniciales, todos ellos reconocieron haber participado en los hechos y decidieron asumir la responsabilidad por los actos ofensivos realizados. Acompañados por sus padres, diligenciaron un acta de procedimiento restaurativo que sirvió como base para el delicado y significativo diálogo. En ella, estaban inscritas preguntas tales como: qué ocurrió, qué estabas pensando en ese momento, a quién o quienes piensas que has afectado con tus actos, qué estás pensando ahora, qué debería hacerse para que las cosas quedaran bien.

Los ofensores, todos adolescentes mayores de 16 años, expresaron que comprendían la ilicitud y la gravedad de su comportamiento y las consecuencias que podría acarrearles, por lo cual decidieron que debían devolver el dinero hurtado y hacer lo que se les ordenara para que el docente y el colegio quedaran satisfechos. El coordinador les planteó la posibilidad de realizar un encuentro con el docente afectado, en el cual se podrían precisar los hechos, aclarar las circunstancias y, sobre todo, hablar de lo que cada uno estaba sintiendo a raíz de lo ocurrido. Tanto ellos como sus familias estuvieron de acuerdo. Al evento programado se le denominó círculo de diálogo. El coordinador les explicó que debían seguir sus orientaciones para participar en él, que no se trataba de un encuentro para discutir o debatir sino para expresar libremente lo que cada uno estaba sintiendo y pensando. Se aclaró que no se trababa tampoco de un tribunal que los habría de juzgar, ni nada por el estilo. El coordinador sería el facilitador del círculo.

En el círculo de diálogo estuvieron presentes los ofensores, sus familias, el director de grupo (pertenecían al mismo grupo), el personero de los estudiantes, el docente ofendido, la psicóloga y el facilitador. El ofendido (la víctima), es decir el docente que perdió su billetera, les hizo saber, con palabras tranquilas pero muy contundentes, que se sentía muy mal por lo que le habían hecho, sobre todo porque él confiaba en ellos, siempre había confiado en sus estudiantes y este acto reprochable significaba una ruptura muy impactante de esa confianza. Les hizo sentir el dolor que él mismo sentía, sintiéndose mancillado dentro de su colegio, que siempre consideró un territorio de paz y de respeto; él, que solo se había dedicado a servir a los estudiantes durante toda su vida. Los estudiantes y sus familias se vieron realmente muy afectados por las sentidas palabras del educador.

Luego, en sus intervenciones, cada uno de ellos expresó su pesar por haberle causado tanto dolor a alguien a quien respetaban realmente, no sabían cómo habían podido llegar a realizar semejante acto contra él. Contaron cómo surgió la idea de extorsionarlo. Los padres y madres presentes, algunos con lágrimas en sus ojos, manifestaron lo que sentían, diciendo que estaban muy avergonzados, que ellos nunca enviaron a sus hijos al colegio para que realizaran cosas como esas; que estaban dispuestos a hacer todo lo que fuera necesario para reparar y restaurar lo que sus hijos habían dañado, de acuerdo con lo que dispusiera el colegio. Dijeron que agradecían al docente su decisión de no llevarlos ante la Fiscalía, que era lo que seguramente merecían. El docente expresó su voluntad de perdonarlos, comprendiendo que eran adolescentes en proceso de formación, gente que merecía otra oportunidad en la vida, que, eso sí, debían acoger esta como su última oportunidad y hacer compromisos muy serios de no repetir el comportamiento ofensivo.

En el círculo, alguien propuso una fórmula para pagar el dinero hurtado y para indemnizar al docente. El facilitador explicó que eso podía hacerse, por la libre voluntad de los afectados, ofensores y ofendidos, pero que el colegio ni sus autoridades podían fungir como conciliadores o como jueces.

Se firmaron los acuerdos alcanzados, incluyendo las actividades de tipo restaurativo que los estudiantes ofensores tendrían que realizar para transformar la situación en la que estaban involucrados, por ejemplo indagar por las conductas realizadas y las consecuencias penales y sociales que ellas pueden acarrear. También quedaba claro que tendrían que ser remitidos para que recibieran apoyo profesional especializado de tipo psicológico. Otras actividades restaurativas fueron también acordadas, pero nadie, ni siquiera el docente afectado solicitó medidas correctivas de tipo excluyente como la suspensión o la expulsión. A lo largo del proceso, sí hubo días de ausencia de los estudiantes, ausencia forzada por la necesidad de dedicar tiempo en familia a la reflexión sobre lo ocurrido y al diligenciamiento cuidadoso del instrumento que el colegio les entregó, pero no se trataba de una suspensión de clases como resultado de la decisión sancionatoria. El coordinador precisó que, en todo caso, el comité de convivencia tendría que conocer el caso, analizarlo y ver si se requerían medidas de otro tipo. También se precisó que tanto el rector como el consejo directivo podrían revisar los acuerdos y ratificarlos o rechazarlos, tomando medidas correctivas diferentes, de tipo pedagógico o punitivo.

Un tiempo después, uno de los estudiantes actores en el proceso aquí descrito, se acercó a la oficina del coordinador, poco antes de la ceremonia de su graduación como bachiller, y le pidió que lo atendiera unos minutos. Con gran seriedad, y demostrando mucho respeto por él, le dijo que no se podía ir del colegio sin agradecerle lo que había hecho por él, al permitir que aquel acto tan grave que él realizó se hubiera tramitado con el enfoque restaurativo, que si no hubiese sido así quien sabe dónde estaría, quizás pagando alguna pena en algún reclusorio y sin poder graduarse.

¿Impunidad? ¿No hay castigo? ¿Debieron ser sancionados fuertemente? ¿Quizás, expulsados? Todas las preguntas serán pertinentes. Desde una óptica, se dirá que se ha obrado laxamente, con permisividad, con pusilanimidad. Desde otro enfoque, se planteará que se ha logrado algo tan importante como que los jóvenes reflexionaran profundamente acerca de lo que hicieron, de a quiénes afectaron, de las consecuencias de sus actos, que se recorrió el camino de las tres erres (Responsabilización, Reparación-Restauración, y Reintegración- y, quizás, Reconciliación) necesario para la transformación del conflicto. Si la víctima hubiera denunciado el hecho ante la Fiscalía, ¿Qué hubiera pasado? Bien se sabe que la Fiscalía debe desarrollar procedimientos restaurativos, de acuerdo con lo establecido por la Ley de infancia y adolescencia. ¿Era indispensable su intervención, o podía realmente el colegio desplegar su experiencia y sabiduría pedagógica para transformar la situación? A propósito, mientras no hubiese acusación formal de la Fiscalía contra los sindicados, ¿Se podría hablar realmente de la comisión de los delitos de hurto y extorsión? ¿Qué tendría que hacer el colegio en ese lapso de tiempo?

La Ley de convivencia escolar y su decreto reglamentario, establecen algunas ideas claras, que pueden ayudarnos a iluminar el camino y a encontrar respuestas más adecuadas a los interrogantes planteados. En el Artículo 31 del Decreto 1965 de 2013, se establece: “Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos”.

El Artículo 29 de la misma norma, en su numeral 5, dispone: “Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran”.

En el Artículo 41, numeral 4, se señala: “Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa”.
En el Artículo 41, numeral 5: “Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales de convivencia”.

En el Artículo 42, numeral 2: “Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia”.

Y en el Artículo 43, numeral 6: “Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada”.

Reparación de daños causados, restablecimiento de derechos, reconciliación, mejoramiento del clima escolar y de las relaciones comunitarias, consecuencias aplicables, aprender del error y desarrollar competencias ciudadanas, debido proceso, inclusión, participación, solidaridad, respeto por los derechos humanos, corresponsabilidad, interés superior de los derechos del niño, niña y adolescente, y prevalencia de estos sobre los derechos de los demás. He ahí todo lo que debe ser tenido en cuenta, a la hora de abordar una situación como la que aquí hemos referido. ¿En el procedimiento seguido con los estudiantes ofensores, se han aplicado todos estos criterios? O, ¿en Situaciones Tipo III no hay lugar para aplicar procedimientos de carácter restaurativo? Invitamos al análisis, confrontando la narración de los hechos con lo establecido en las normas citadas.

¿Podría realizarse procedimiento similar con unos estudiantes implicados en la venta y distribución de sustancias psicoactivas dentro de la institución educativa? ¿Y en el caso de una agresión violenta, que implicó lesiones personales?

¿Hasta dónde puede extenderse ese fuero pedagógico que reclamamos, y dónde debe ser realmente indispensable la intervención de las autoridades policiales y judiciales? ¿Podrían estas autoridades brindar apoyo y asesoría a las autoridades de la escuela, para que se realicen los procedimientos dentro de esta, sin necesidad de judicializar a los estudiantes ofensores?
Y todo esto, en el marco de una normatividad y de una jurisprudencia constitucional que permite la imposición de medidas sancionatorias a los estudiantes ofensores. Este no es el asunto. No es cierto que se hayan prohibido las medidas correctivas de tipo excluyente en nuestro sistema educativo. Léase no más la Sentencia T-240 del mes de junio de 2018, en la cual la Corte Constitucional respaldó la expulsión de un estudiante incurso en una situación de ciberacoso escolar. Lo esencial es ¿para qué sancionamos? ¿para qué castigamos? ¿para qué corregimos?
En la lección siguiente, nos ocuparemos de la finalidad de las sanciones.

¿Qué es lo que buscamos cuando imponemos o acordamos una medida correctiva, un castigo, una sanción o una medida pedagógica? Y en otra de las lecciones, nos dedicaremos a analizar el agotamiento del debido proceso al realizar un procedimiento de carácter restaurativo como el círculo de diálogo.

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